Arequipa, la segunda ciudad más importante del país, se defiende con las manos vacías. De los 800 patrulleros policiales que deberían proteger a los arequipeños, solo 160 están en buen estado. El resto (un 80%) ya cumplió su vida útil y sobrevive entre reparaciones improvisadas, falta de repuestos y promesas que nunca llegan.
El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, lo reconoció sin rodeos: “El 80 % de nuestra flota vehicular ya cumplió su vida útil, pero seguimos trabajando en esas condiciones.”
Pero el verdadero problema va mucho más allá de la falta de patrulleros.
Hoy, el Perú se ha convertido en un paraíso para los cárteles multinacionales del crimen organizado. Los extorsionadores, sicarios, secuestradores y traficantes de drogas, armas y personas ya no son pandillas locales, sino parte de redes internacionales que operan con total impunidad.
Y lo hacen porque encuentran en nuestro país un sistema judicial débil, autoridades corruptas, una policía sin recursos y una clase política que mira hacia otro lado. Donde el Estado no llega, el crimen se instala, crece y manda.
Mientras Lima concentra la inversión en seguridad, regiones como Arequipa, con apenas un puñado de patrulleros operativos, quedan expuestas al avance del crimen.
El abogado y especialista Fernando Mendoza Banda lo explicó con claridad: “El problema no es solo comprar patrulleros, sino garantizar su mantenimiento. O alquilar flotas privadas que aseguren su operatividad.”
Esa “operatividad” es hoy un lujo. Porque cuando la policía no tiene autos, ni logística, ni respaldo, los cárteles avanzan sin resistencia.
Y así, el Perú se convierte en un territorio fértil para el crimen global. El cambio de ciclo, que tanto necesita nuestro país, no solo debe exigir nuevas leyes o mejores patrulleros, sino una reconstrucción total del Estado. Una justicia incorruptible, una policía moderna, y un gobierno que defienda al país antes de que sea demasiado tarde.