Durante años, Petroperú se convirtió en el espejo de lo que está mal en el Estado: mala gestión, pérdidas millonarias, improvisación y corrupción disfrazada de tecnocracia. Su ex presidente, Alejandro Narváez, minimizó la crisis y culpó al Banco Central por los altos intereses, mientras la empresa estatal seguía hundiéndose. Su salida no solo era necesaria, era inevitable.
El cambio en la presidencia de Petroperú puede parecer una simple rotación burocrática, pero no lo es. La decisión del Gobierno de transición de remover a Narváez y designar en su lugar a Fidel Moreno Rodríguez representa mucho más que un ajuste administrativo, es una señal política y técnica de que el Perú empieza a tomar decisiones con sentido común.
La ministra de Economía, Denisse Miralles, junto al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, actuaron con rapidez y determinación. El relevo llega acompañado de una señal aún más potente: el recorte del financiamiento a Petroperú para redirigir esos fondos a la Policía Nacional, en logística y tecnología para la lucha contra la delincuencia.
Por fin, el dinero del Estado deja de alimentar agujeros negros para ir donde realmente se necesita, la seguridad de los peruanos.
Si el gobierno de José Jerí logra sostener este enfoque, podría marcar un antes y un después. Porque el problema de Petroperú no es solo financiero, es moral. Una empresa capturada por ideologías políticas que olvidó que su razón de existir era servir al país, no a los partidos.
El reto de Fidel Moreno será limpiar la gestión, auditar los contratos, y devolverle a Petroperú su propósito. Pero el gesto del nuevo gabinete deja un mensaje claro, no se trata solo de cambiar nombres, sino de cambiar prioridades.
El Perú no necesita más empresas estatales quebradas, necesita instituciones que funcionen. Y si Petroperú deja de ser un símbolo de crisis para convertirse en un ejemplo de regeneración, entonces sí podremos decir que el cambio de ciclo ha comenzado.