Septiembre volvió a poner en evidencia la fragilidad de Arequipa frente a los incendios. En el Misti y en otros puntos de la región como en la Reserva Paisajista Subcuenca del Cotahuasi, las llamas consumieron cientos de hectáreas de pastos y vegetación. ¿Quiénes respondieron primero? Los de siempre. Brigadistas voluntarios, policías y vecinos organizados que arriesgaron la vida para proteger lo suyo.
Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) demoró hasta dos días en reaccionar, realizando monitoreo remoto durante un fin de semana que significaron cientos de hectáreas quemadas que avanzaron sin sin control. Dos días en que la inacción del Estado pudo costar vidas.
La historia es repetida. Cuando la emergencia golpea, no son las instituciones las que están al frente, sino las Fuerzas Armadas y civiles de dichas locaciones. Bomberos sin equipos, policías improvisando, comunidades cargando agua en baldes. Esa es la verdadera cara de la gestión de riesgos en el sur.
Arequipa no puede seguir dependiendo del sacrificio de voluntarios y vecinos. El cambio de ciclo que necesita el Perú, exige un Estado que esté a la altura, con decisiones rápidas, recursos reales y respeto por quienes enfrentan la tragedia en primera línea. Porque mientras el COER duerme, son los ciudadanos quienes lo pierden todo.