Han paralizado carreteras en Lambayeque, La Libertad, Cusco, Ica y Arequipa. Interrumpieron el transporte. Y dejaron en evidencia lo que nadie quiere responder: ¿por qué el Perú, siendo un país rico en minerales, sigue condenando a cientos de miles de mineros artesanales a vivir en la informalidad?
El conflicto minero no es nuevo. Pero lo que sí es nuevo —y urgente— es la magnitud del abandono. En todo el país hay más de 500 mil peruanos que viven de la minería artesanal o de pequeña escala. Son trabajadores, familias y comunidades enteras. Pero no tienen acceso a crédito, a tecnología, ni a un marco legal que los incluya de verdad.
Y mientras tanto, grandes concesionarios como Minera Poderosa acumulan 122 mil hectáreas de concesión… y solo explotan 2 mil. El resto está ahí, dormido. Ocioso. No trabajan ni dejan trabajar. ¿Y quién fiscaliza eso? Nadie. Porque el sistema está diseñado para proteger al que tiene poder, no al que trabaja con las manos.
Esto no se trata de justificar bloqueos ni desorden. Pero ¿acaso alguien está pensando en una solución real? ¿O simplemente se prefiere seguir empujando a estos peruanos hacia la informalidad, donde los espera el crimen organizado o el oportunismo de políticos en campaña?
El Perú necesita una reforma minera de verdad. Una que rompa el cerco de las concesiones ociosas, formalice al pequeño productor, y le dé herramientas para progresar. Si no, seguirán siendo carne de cañón para los de siempre: la mafia caviar que necesita caos para controlar, y los políticos que solo aparecen cuando hay votos en juego.
No se trata de elegir entre minería grande o pequeña. Se trata de hacer justicia. Y esa justicia empieza por cambiar las reglas del juego, para que trabajar no sea un delito y prosperar no dependa de tener amigos en el poder.
Es hora de un nuevo ciclo. Uno donde la riqueza del Perú beneficie a los peruanos. A todos.