En todo el Perú, la situación es insostenible. No hay capacidad para más detenidos, pero tampoco hay justicia real. Los operativos se hacen, pero los delincuentes entran y salen como si nada. Así, la gente pierde la fe y crece la rabia.
Nuestro sistema penitenciario lleva colapsado más de 10 años. De acuerdo a informes de INPE, para el 2015, teníamos más del 50 % del total de capacidad de albergue. La sobrepoblación para ese entonces era de 38 mil y hoy supera los 53 mil.
A enero del 2025, según un informe del INPE, las 68 cárceles del Perú albergan más de 94 mil reclusos, pese a que su capacidad es solo de 41 mil. La sobrepoblación de nuestros penales es de más de 55 mil internos, 131 % por encima del límite.
Este problema de hacinamiento ha convertido a las cárceles en centros de operaciones criminales. Desde su interior, bandas organizadas continúan delinquiendo y extorsionándonos.
Una de las salidas a la crisis, planteada por el propio Tribunal Constitucional tiempo atrás, es la construcción de más cárceles. Y está bien, pero deben ser espacios más productivos y que contribuyan con la resocialización y no con la inseguridad ciudadana.
En el 2019, el TC dio un ultimátum para que en el 2025 estuvieran listos los nuevos penales. Han pasado 6 años y nada cambió.
Y de construir más cárceles, ¿Se podrán administrar bien? ¿Se harán como las de El Salvador?
Tal como va nuestro sistema penitenciario, nada nos garantiza que no se repetirán los mismos problemas.
El Perú carece de políticas penitenciarias eficientes, por lo que se debe primero asignar a personas con capacidad técnica y experiencia para cambiar todo lo que está mal dentro de las cárceles.
Y es fundamental que ello vaya de la mano de la urgente reforma judicial que necesitamos para sacar a todos esos jueces y fiscales corruptos que le hacen el juego a los delincuentes.
Solo con una justicia justa y una reestructuración del sistema penitenciario, podremos salir adelante.