En Arequipa y en todo el país estamos hartos de esta corrupción parece que no cambia por nadie: entran nuevos funcionarios, pero siguen las mismas mañas. Siempre hay algún caviar de por medio, esos que se llenan la boca hablando de ética, pero apenas tienen poder se reparten contratos entre amigotes. Usan el Estado como si fuera su chacra, mientras la gente sigue esperando obras, empleo y servicios decentes.
Imagínese que hasta la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa ha tenido que abrir una investigación por colusión agravada nada menos que contra el gerente regional Ambiental, Fernando Mejía Vargas, y su subgerente Jacob Salazar Aldana. ¿La razón? Un informe del Consejo Regional los ha agarrado con posibles movidas turbias al contratar a dos personas con órdenes de servicio bien sospechosas.
Resulta que estas contrataciones —las de Lucía Pérez y Diana Cóndor— fueron firmadas por el exjefe de Logística, Erik Apaza. Todo huele raro: informes con inconsistencias, firmas dudosas, y un manejo bien sucio del papeleo. O sea, están metidos hasta el cuello y ahora todos esos nombres están siendo investigados por la Fiscalía.
Y como no es cualquier tontería, esta investigación ha sido declarada compleja. Tienen 120 días para juntar pruebas y ver si todo esto es delito de verdad. En ese tiempo, el Gobierno Regional tiene que soltar todos los documentos que se les pidan. No podemos seguir permitiendo que se roben la plata en nuestras narices. Es momento de un cambio, pero uno que funcione y no sea puro show.