En un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), fue detenido Edwin Larry Julca Becerra, un inspector de la Superintendencia Nacional de Migraciones, acusado de alterar registros migratorios para permitir el ingreso y salida irregular de extranjeros en el país.
La crisis migratoria venezolana ha servido como un terreno fértil para la expansión del Tren de Aragua, quienes aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes para reclutarlos o explotarlos en redes delictivas. Esta dinámica ha permitido la consolidación de este tipo de criminales en varios países y ampliar sus actividades, todo esto mientras las autoridades de nuestro país hacen negocios con quienes ni siquiera deberían estar en nuestro país.
Como se ha podido conocer, el Tren de Aragua busca la imposición de un nuevo gobierno, con un sistema tributario y financiero propio, además de normas y leyes que debían ser cumplidas a cabalidad por quienes quedaban bajo el control de la banda venezolana. Si se comprobaba que alguien corría con colores propios y atentaba a los intereses de la organización, el destino era uno: morir en una casa de tortura que ellos mismos erigen.
Las autoridades hoy están en contra del pueblo peruano porque no lo ven y no lo viven. Son todos aquellos invisibles los que sufren con el tráfico, las extorsiones, la violencia y el sicariato. Aquellos invisibles para estas autoridades que se dedican a transgredir nuestras fronteras, son las verdaderas víctimas del negocio.
El Perú requiere urgente un golpe de timón, un cambio radical.