La preocupación entre los arequipeños va en aumento debido al malgasto de recursos que deberían ser destinados a la seguridad. En los últimos meses, se han registrado numerosos asesinatos, robos y distintos actos delictuales que han puesto en evidencia la falta de una estrategia efectiva por parte de las autoridades para combatir la delincuencia.
Diversas organizaciones vecinales y líderes comunitarios han alzado la voz denunciando que los fondos públicos, en lugar de ser utilizados para mejorar la infraestructura de seguridad, incrementar la presencia policial y modernizar el equipamiento necesario, están siendo desviados hacia proyectos menos prioritarios o simplemente perdiéndose en corrupción. Este desvío de recursos está dejando a la población vulnerable ante el aumento de la criminalidad.
El sentimiento de inseguridad está llevando a muchos arequipeños a considerar medidas drásticas para proteger a sus familias. Algunas encuestas informales y declaraciones en redes sociales reflejan que un número creciente de ciudadanos está pensando en armarse para garantizar su seguridad personal y la de sus seres queridos. Esta tendencia evidencia una grave desconfianza en la capacidad del Estado para brindar protección.
Un vecino del distrito de Yanahuara comentó: «Nos sentimos desamparados. Cada día escuchamos sobre robos, asaltos y actos de violencia. La policía no llega a tiempo y cuando lo hace, no tiene los recursos necesarios para actuar eficazmente. Estamos llegando al punto de considerar comprar armas para defendernos. Además, cuando la policía atrapa a los ladrones, los jueces los dejan libres».
Ante esta situación, es urgente que las autoridades tomen medidas concretas y transparentes para reorientar los recursos hacia la mejora de la seguridad pública. La implementación de programas de vigilancia comunitaria, el fortalecimiento de la cooperación entre la policía y la comunidad, y la inversión en tecnología y capacitación para las fuerzas del orden son pasos fundamentales que no pueden seguir siendo postergados.
El bienestar y la tranquilidad de los arequipeños dependen de una respuesta firme y decidida por parte de los responsables de la seguridad. Es imperativo que se restablezca la confianza en las instituciones y que los recursos públicos sean utilizados de manera efectiva y eficiente para garantizar un entorno seguro para todos.